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| Foto: Maxim Shemetov / Reuters |
Este sábado, un tribunal ruso ha condenado a Alexéni Navalni,
quien es un detractor del gobierno de Vladímir Putin y principal opositor, así
mismo ha acusado al Kremlin de querer envenenarlo en un viaje que realizó a
Alemania el año pasado.
Un tribunal de apelación en Moscú condenó a pasar dos años y
medio en presión a Alexéni por el delito de difamación contra un veterano de la
Segunda Guerra Mundial. A pesar de que el delito que se le imputa es del 2014 y
en situaciones normales podría cumplir en libertad, el tribunal
determinó que violó el control judicial en su estancia en Alemania.
Aunque el juez Dmitri Balashov logró disminuir
la condena de Navalni, no fue suficiente para exonerarlo de los cargos. Aunado
a esta sentencia, la condena podría pasarse en un campo de trabajo y aún tiene
otros cargos de los que se le acusa. De imputarle los demás cargos, podría pasar hasta 10 años en prisión.
La detención de Navalni, cuando regresó a Rusia, causó al
menos tres grandes manifestaciones que fueron reprimidas por la policía. Al
mismo tiempo varias figuras políticas de occidente (Estados Unidos y la Unión
Europea) han pedido que se libere al principal opositor de Putin.
Aunque dichas peticiones no han surtido efecto en la decisión
del gobierno, sí ha provocado que el gobierno ruso respondiera y dijera a los políticos
europeos que de seguir inmiscuyéndose en los asuntos de Rusia, existirían
represalias contra varios países.
Internamente, el gobierno ruso ya le ha quitado poder a la
oposición, principalmente ha actuado contra los simpatizantes de Navalni de
tal forma en que han existido una serie de despidos y dimisiones forzadas. También
se ha encargado de reprimir cualquier tipo de apoyo en las redes sociales de
parte de la esfera académica y social.
“Apologuia Protesta”,
un proyecto lanzado por Agora, una ONG, recientemente denunció que se estaban
aplicando controles inesperados contra al menos cuatro empresarios de Moscú,
mismos que fueron detenidos recientemente en manifestaciones pro Navalni. “Los
agentes les piden muchísimos documentos y les dicen que los servicios fiscales
han ordenado estos controles”, según fuentes de esta ONG, la cual ha ofrecido
apoyo jurídico a estos empresarios en apuros.
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