Foto: Associated Press |
Nancy
Pelosi, líder de la cámara de representantes y la persona más importante en el Congreso
de Estados Unidos, ha entablado recientemente una conversación con Mark A.
Miller, jefe del Estado Mayor Conjunto, para asegurar que el actual presidente, Donald Trump, no tome acciones en contra de la seguridad nacional.
Pelosi
presentó una carta dirigida a sus colegas, en la cual se menciona que la “inestabilidad”
del actual presidente supone un gran riesgo para la seguridad nacional de
Estados Unidos, por lo mismo propone retirarle el acceso a los códigos nucleares
a Donald Trump.
La decisión
está basada en la influencia que tuvo el presidente en la movilización de simpatizantes
que apoyan su causa, misma que llevó al asalto del Capitolio este miércoles y
que ha dejado hasta el momento a seis personas muertas. Estos acontecimientos
han provocado una serie de reacciones en todo el mundo y criticas tanto al
interior como exterior de Estados Unidos.
“Esta mañana hablé con el presidente del Estado Mayor
Conjunto, Mark Milley, para analizar las precauciones disponibles para evitar
que un presidente inestable inicie hostilidades militares o acceda a los
códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear”, informó el día de ayer
Nancy Pelosi.
Foto: GETTY IMAGES/Simpatizantes del presidente Trump antes de irrumpir en el Capitolio |
Aunque no pueda implementarse un juicio político, sí se ha
creado ya un borrador donde se le acusa a Trump de incitar a la disidencia y el
desorden público, cargos que podrían inhabilitar de forma permanente a Donald
Trump de ejercer cualquier cargo público.
"Destituir al presidente cuando solo le quedan 12 días
en el cargo dividirá aún más a la población, debido a esto he hablado con el
presidente electo sobre cómo unir al país para hacer frente a los desafíos
comunes", dijo Kevin McCarthy líder de la minoría republicana en el Congreso.
Por su parte, Donald Trump aseguró por primera vez que trabajaría
para que la transición presidencial fuera pacífica y condenó los ataques realizados
al inmueble federal, donde los detenidos podrían tener una pena de diez años en
prisión.
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