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Foto vía internet |
El gobierno de Argentina, bajo la administración de Javier Milei, ha solicitado formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI) que emita una orden de arresto contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. La petición se basa en presuntas violaciones a los derechos humanos que habrían empeorado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La Cancillería argentina ha argumentado que la evidencia recopilada por la CPI, junto con los eventos recientes en Venezuela, justifica esta solicitud.
Además, el gobierno argentino ha cuestionado la validez de los resultados electorales, en los que Maduro fue declarado ganador con un 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González Urrutia. Informes de la oposición indicaban una ventaja del 70% a favor de González Urrutia, lo que provocó protestas y denuncias tanto dentro como fuera del país. En respuesta, Maduro emitió una orden de captura contra el candidato opositor, acción que fue condenada por la Cancillería.
Un factor crucial para la solicitud del arresto ha sido la expulsión de los diplomáticos argentinos de Caracas por parte del régimen venezolano, como represalia por el reconocimiento de la victoria de González Urrutia por parte del gobierno de Milei. La expulsión también afectó a otros seis países que denunciaron el resultado electoral y respaldaron la posición argentina.
Orden de detención contra Maduro y otros cabecillas del régimen venezolano: exhortación al Fiscal de la Corte Penal Internacional
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) September 6, 2024
Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que… pic.twitter.com/UbVnUgCbda
El enfoque argentino, más allá de la condena habitual, resalta por su acción concreta al pedir la intervención de la CPI. En lugar de limitarse a declaraciones diplomáticas, ha asumido un rol más activo, buscando mecanismos internacionales para presionar al gobierno de Maduro.
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