La fecha se remonta a 1990, cuando se realizó en Argentina el V Encuentro Feminista en América Latina y el Caribe, considerando que la libertad de decisión sobre el cuerpo de las mujeres es un derecho humano no reconocido por gran parte de los países de la región.
La declaración surgió entre los países de América Latina y el Caribe; al día de hoy algunas regiones aún están rezagadas en términos de derechos reproductivos, tal es el caso de República Dominicana, Haití, Surinam, Honduras, Nicaragua y El Salvador, abortar está penalizado sin considerar los riesgos para la persona gestante y el feto.
Por otro lado, en Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Argentina, Guyana y Guyana Francesa es legal, bajo cualquier circunstancia en las primeras semanas de gestación. En el resto de los países está permitido solo por determinados motivos.
El aborto clandestino constituye una de las principales causas de muerte en mujeres, consecuencia del limitado acceso a servicios de salud seguros, dignos y legales; la penalización del aborto no implica que no se practique, solo lo hace más peligroso.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 13% de las muertes maternas a nivel global son derivadas de la praxis insegura y clandestina del aborto, mientras que en América Latina, por cada 100 mil abortos hechos en condiciones de riesgo, 62 mujeres pierden la vida. En cambio, en los países donde está permitido, la tasa de mortalidad es de 0.2 a 2 muertes por cada 100 mil prácticas.
Por lo tanto, manifestaciones y movimientos como el 28S u 8M crean espacios para continuar la lucha por defender el derecho de las personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos. De igual manera, el conocimiento y visibilidad del tema genera nuevas consciencias e ideologías para que posteriormente los estados tomen acción frente a un tema de salud pública.
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