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La tortura policial en Yucatán sale a la luz tras el caso de José Eduardo

 

Fotografía | Rosa Cruz Pech

Con el reciente fallecimiento del joven José Eduardo, derivado de los abusos cometidos por policías municipales de Mérida, Yucatán, se ha desatado la protesta social en contra de la ineficiencia del sistema de justicia municipal y estatal, así como el desinterés para darle justicia a las víctimas por parte de Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, y Renán Barrera, presidente municipal de Mérida.

            Aunque existen diversas versiones, la inicial apunta lo siguiente: José Eduardo, de 23 años y originario de Veracruz, viajó a Mérida, Yucatán a solicitar empleo. El 21 de Julio, mientras transitaba por el parque San Juan en el centro de Mérida; policías lo detuvieron porque "parecía sospechoso". El joven fue golpeado y violado por policías municipales dentro de una patrulla. Aun así, el joven sobrevive y tiene la oportunidad de contactar con su familia [madre, hermana y tía]; a quienes contó lo ocurrido. Por esto, su madre, María Ravelo, se traslada para ayudar a su hijo, quien ya se encontraba grave de salud.

            Acudieron al Hospital General Agustín O’Horán, pues presentaba daños físicos. José Eduardo fue cuestionado sobre su orientación sexual por parte del personal médico; a lo cual, el joven respondió que no se identificaba como perteneciente a la comunidad LGBTTI+. "[El doctor] hizo la pregunta porque a lo mejor lo confundieron con una mujer". "Según la información proporcionada por la mamá para la periodista Lila Balam, primero se trasladaron al hospital O’Horán como no les atendieron fue a la Fiscalía del Estado ahí confirmaron que hubo violencia sexual y estaba en mal estado. Lo trasladaron en ambulacia en O’Horán y ahí lo atendieron porque iba de desde la fiscalía. Lo ingresaron pero estaba mal, lo intubaron y después dijeron que lo trasladaron al área COVID-19".  

Esta interpelación es una violación a los protocolos. Lamentablemente, toda esta situación derivó en la muerte del joven el día 3 de Agosto.

            Como protesta ante las injusticias, la madre del joven llevó el ataúd de José a las puertas del Palacio de Gobierno de Yucatán, donde pidió ser recibida por el gobernador Mauricio Vila quien, como declararía María Ravelo en una entrevista, sólo diría que "no es su responsabilidad apoyarla, sino que, como ella es de Veracruz, debe buscar apoyo ahí". Esta forma de manifestarse hizo que diferentes personas simpatizaran con ella.

            "El caso de José Eduardo fue impactante, a él le atravesaron varias violencias: Primero, el clasismo. Porque aquí ser 'Sospechoso' en el estado de Yucatán, es ser moreno, es tener un acento, rasgos indígenas, el lugar donde habitas. Principalmente acá se divide en la zona norte y sur, y en el sur está, digamos, la gente de 'abajo'. Siempre vamos a ser esos los 'sospechosos'.

"Segundo. Hay un discurso en el estado, [donde] todas las personas que vienen de fuera, que son foráneos, son los que causan la violencia; y que si Yucatán es un estado violento es porque ha migrado gente de afuera. Incluso, la xenofobia también alimentó y fue causante de la muerte de José Eduardo.

"Finalmente, la homofobia. […] cuando le pregunta el médico si es gay y asimila que por el simple hecho de pensar que era gay, o pensar que era una mujer, tenían el derecho de agredirlo sexualmente, [pues] por allá dijeron que [le cuestionaron su sexualidad porque] 'a lo mejor lo pudieron confundir con una mujer y por eso lo agredieron sexualmente'". Comentó Rosa Cruz Pech, activista Yucateca.

            Así mismo declaró que "como organizaciones civiles, lo que manifestamos fue que la desinformación también es violencia, también alimenta a la estigmatización, [por ejemplo] el día de ayer salió un video en donde, presuntamente, [José Eduardo] estaba bajo el efecto de las drogas. [El video] circuló de manera anónima por algunos medios comunicación y posteriormente se le entrevista a la mamá y dice que no, que el hombre del video no es su hijo porque ni siquiera es la voz de él".

            También mencionó que el caso de José Eduardo trae a la luz pública la tortura policial en el estado de Yucatán: "el estado de Yucatán presume mucho que es una ciudad de la paz, pero esa ciudad de la paz está construida a través de la tortura por parte de quien dice cuidarnos".

            El alcalde, por su parte, sólo ha declarado que "el joven murió en extrañas situaciones" y que "se trata de un caso aislado". Sin embargo, durante el 2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán [CodHey] recibió 2,679solicitudes de intervención, es decir, un promedio de ocho diarias, donde la Secretaría de Seguridad Publica [SSP] fue la más señalada como responsable de violaciones a los derechos humanos. Así mismo la JornadaMaya expone: de acuerdo con la CodHey, 83.33 por ciento de las recomendaciones emitidas por este organismo el año pasado fueron en relación a violaciones de libertades fundamentales, en específico, en el contexto de seguridad pública y acceso a la justicia.

            De igual forma, Renata Demichelis, coordinadora de la oficia en México de Elementa DDHH, vía la Jornada Maya declara que "las detenciones arbitrarias que se han documentado tienen como eje central el tema de la discriminación".

            Durante las manifestaciones civiles "se dio un espacio para exponer las diferentes vivencias y, en efecto, salió a relucir las cifras negras". Esto se debe, para Rosa Pech, porque el sistema hace de todo un obstáculo: "tal parece que de manera intencional para que parezca que nunca hubo un daño y puedan mantenerse las cifras de que es un estado seguro".

            Tanto Renán Barrera como el CodHey, aseguran "que han dado seguimiento y apoyo al caso". Sin embargo, María Ravelo asegura que el apoyo recibido es nulo. Principalmente, se argumenta que los policías fueron detenidos mucho tiempo después de lo ocurrido; mientras, los oficiales seguían en las calles. "Incluso hubo un pago, pero para que se regresase, no para apoyarla".

            Hasta el momento, Renán Barrera ha declarado, en entrevista con López Dóriga, tener pruebas en video de la detención de José Eduardo, donde "no se adviertan ni tortura ni violación". Dice: "Hay la versión que decía que se le detuvo simplemente ‘por ser sospechoso‘, por su aspecto. Eso es falso, está el video en el cual el joven agrede a un ciudadano a través de un proyectil, le tira una piedra concretamente en un sitio de taxis. Eso está grabado en video". Sin embargo, dichas grabaciones no han salido a la luz. 

                Por otra parte Rosa Pech denuncia la práctica en la tergiversación o manipulación de la información por parte de las autoridades. "En el 2019 cuando nos manifestábamos por los derechos sexuales y reproductivos fue la misma policía estatal quienes 'levantaron' a las compañeras que estaban imprimiendo stickers para la manifestación y que tenían unas tijeras de punta redonda. Fue una burla, porque las detuvieron por la fuerza, las arrastraron, las 'subieron' enfrente, en un espacio público en el centro de la ciudad, se las llevaron y posteriormente publicaron las 'armas' que tenían: aerosoles, tijeras de punta redonda y stickers".

            Sean o no inocentes los cuatro policías detenidos, y haya sido o no la agresión por parte del Estado la causa del fallecimiento de José Eduardo; las exigencias siguen siendo que las autoridades reconozcan la existencia de la tortura dentro de las prácticas en los cuerpos policiales en Yucatán, así como la implementación inmediata de las medidas necesarias para erradicar este problema. "Se ha pedido que sean transparentes en el reclutamiento de los cuerpos policiales, que se le de atención psicológica a quien estén integrando a estos, una mayor vigilancia a las cámaras que están instaladas dentro de la ciudad [porque se] han hecho inversiones millonarias por esas cámaras y no puede ser que se estén tardando semanas para poder averiguar lo que pasó en un lugar definido en un tiempo definido y con un cámara enfrente; [por ello se pide] que se haga una auditoría para saber si esas cámaras están funcionando las 24 horas y como debe ser, que haya herramientas eficaces para ir a denunciar, y se hizo la petición de que se contraten organizaciones externas especialistas en el tema de la tortura, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

            A pesar de enviar las solicitudes, no ha habido respuesta por parte de las autoridades. "Te reciben los papeles, sin embargo, no hay la atención debida, no vemos los resultados ni la implementación de estas estrategias". Muestra de ello es que ante las manifestaciones no hubo un acercamiento de las autoridades para establecer un diálogo, sino que sólo se atendieron las pintas en el palacio de Gobierno con personal del Estado y del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

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