La miscelánea feminista
El próximo viernes 28 de septiembre
se celebrará el Día Internacional por el derecho al aborto, por ello se tiene
previsto una serie de manifestaciones y acciones por grupos feminista y
pro-aborto en diferentes estados de la República.
Ante esta coyuntura, es pertinente
reflexionar sobre el papel que el Estado Mexicano ha desempeñado desde el 2007,
año en el que las autoridades mexicanas regularon la interrupción del embarazo
mediante la creación de un programa conocido como “Interrupción Legal del
Embarazo (ILE)”, mediante el cual se ha brindado este servicio de manera legal,
segura, confidencial y gratuita a través de las Clínicas de Salud Sexual y
Reproductiva de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México.
Si
bien podría considerarse a este programa como un gran logro, me atrevo a
afirmar que es pequeño, debido a que en los 31 estados restantes esta práctica
no es permitida o en todo caso se limita a determinadas condiciones; tales como
la violación, riesgo de embarazo y factores económicos. Situación que día con día provoca
que cientos de mujeres se expongan a abortos inseguros practicados por clínicas
ilegales y clandestinas.
En
las 13 clínicas de Salud Sexual y Reproductiva que brinda el servicio de
Interrupción Legal del Embarazo, se afirma que toda mujer que viva en cualquier estado de la República
Mexicana puede acceder a este aborto inducido. No obstante, sólo es gratuito
para las mujeres que residen en la Ciudad
de México, quiénes asisten desde otro estado deben cubrir una cuota de
recuperación que se determina de acuerdo a su perfil socioeconómico.
En
11 años se han registrado 200, 949 abortos, cifra que va desde su aprobación en
abril del 2007 hasta el 12 de septiembre del año en curso. Dentro de sus estadísticas
se encuentran pacientes de todas las entidades e incluso el caso de 64 mujeres
extranjeras. Con ello podemos apreciar que la interrupción del embarazo es una
práctica que no se va a terminar aún cuando no esté permitida dentro de su entidad.
Bajo
esta lógica, es urgente que cada entidad de la República cuente con este
servicio, pues se ha demostrado en cifras la demanda de éste. ¿Qué pasa con las
mujeres que por cuestiones económicas no pueden trasladarse a la capital? El
aborto no debiese ser considerado como un derecho para quienes tienen las posibilidades de llegar en menos de doce semanas a la Ciudad de México.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mencionado que es una
violación a los derechos humanos de las mujeres, que los estados no atiendan la mortalidad materna con completa
atención, debido a que es su deber garantizar la integridad personal de cada mujer sin
distinción.
En
México está presente esta diferenciación, no se puede negar que exista el ILE
como un apoyo por parte del Estado para la interrupción del embarazo, sin embargo,
este opera bajo condiciones particulares que pudiesen obstaculizar que toda
mujer tenga acceso a este servicio en cumplimiento de sus derechos.
Los
prejuicios de la sociedad no deberían ser quienes determinen la elaboración de
leyes o el cumplimiento de los derechos. El Estado, como actor laico y
protector debería actuar de manera autónoma para la conformación de mecanismos
que velen por la integridad y seguridad de cada individuo. Sin más, queda en
manos de éste la obligación de fomentar y crear instituciones que faciliten
el aborto inducido y seguro en cada entidad que conforma el país de norte a
sur.
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